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Socorro Ramirez: (15-02-2012, El Tiempo.com)

De muy poco sirve la suspensión del cargue de carbón que estaba atada a la presentación del plan de contingencia si su examen lo hacen solo entidades que, en lugar de controlar a las carboneras, han procurado minimizar los daños que estas causan. La única garantía de no repetición de los desastres es que ese plan sea sometido a una veeduría de expertos, que la multinacional estadounidense repare los daños causados durante 20 años, que aplique el cargue directo, sanee sus cuentas con la justicia y cumpla en Colombia las mismas reglas a las que está sometida en su país.

Si los medios sueltan el tema y no hay presión social, puede diluirse la investigación técnica o la de la Fiscalía sobre este accidente que no fue el primero. Solo que ahora las fotos pusieron contra la pared al Gobierno y a la Drummond, que esta vez guardó silencio como lo ha hecho en sus tragedias anteriores o como lo han hecho otras empresas, y han sido testigos trabajadores, pescadores o residentes, a quienes no se los ha escuchado pese al evidente deterioro de la zona.

Cómo puede cumplir bien su función la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) si no hay seguimiento sistemático a las carboneras y cuando su directora, al mismo tiempo que suspendió la licencia minimizó los efectos del último desastre porque, según sus declaraciones, en el sitio no hay coral y el carbón no contamina ¡como no sea por el efecto visual sobre las playas! Y a la pregunta por los impactos en la salud, respondió que ese tema no le compete. Otros funcionarios han repetido declaraciones semejantes mientras se pasan la pelota unos a otros o pasan de funcionarios de las carboneras a controlarlas.

Así neutralizaron las alertas lanzadas por expertos con la proliferación de puertos carboneros en el Magdalena (Sociedad Portuaria, Drummond, Vale y Prodeco), que, como señala la bióloga Sandra Vilardy, se instalaron en aquellos sitios que habían sido descartados por un plan de manejo de áreas costeras. Vilardy muestra, además, cómo las especies que viven en los fondos blandos, base de la alimentación de los peces, se ven afectadas por la obstrucción de la luz y el oxígeno que genera el carbón. Recuerda también que, ya desde 2005, al evaluar las aguas de lastre de los barcos carboneros se identificó en ellas la presencia de peligrosos patógenos y de otras formas de contaminación. Y presenta una valoración social de las zonas carboneras, que muestra la estrecha relación entre deterioro ambiental, pobreza y violencia.

Aunque el sector turístico logró en 2007 que se les exigiera el cargue directo, las empresas lo han venido aplazando una y otra vez. Además del estrago que causan donde extraen el carbón y al transportarlo, cada día lo vierten al mar, al aire y a la costa al descargarlo del tren o la tractomula, al almacenarlo en espacios abiertos, en la cinta que lo traspasa a la barcaza y de esta a la cuchara que lo deposita en el barco. Entre tanto, ni hay control ni exigencia de mitigar los efectos en playas, ecosistemas, organismos marinos y poblaciones.

En lugar de seguir repitiendo que no pasa nada o de darles fe solo a los informes contratados por las mineras, el Estado ganaría apoyando la investigación independiente y protegiendo a quienes son intimidados por realizarla o por asumir la responsabilidad ciudadana de mostrar lo que las empresas y los encargados de controlarlas tratan de ocultar.

Esta es la oportunidad para que el Gobierno introduzca un quiebre definitivo con el 'todo vale' ante la inversión minera y construya una capacidad de control. Así atendería, además, las alertas de la Contraloría y de la Ocde sobre los efectos perversos de un crecimiento centrado en el sector minero.